Debido a algunos acontecimientos de carácter violento ocurridos en las últimas semanas en distintos barrios de la ciudad, y si bien estadísticamente se han reducido los delitos de robo y hurto de acuerdo a los indicadores del Ministerio de Seguridad de la Provincia, resulta necesario nuevamente dejar en claro cuál es la posición adoptada por el Departamento Ejecutivo Municipal en materia de seguridad pública.
Si bien la seguridad pública es una competencia propia del Poder Ejecutivo Provincial, el Intendente de la ciudad de San Justo tiene la firme convicción de que la construcción de una ciudad segura se realiza conjugando los esfuerzos de todos los actores de la sociedad civil sumados a los de las fuerzas de seguridad.
Por dicho motivo es que se han tomado innumerables medidas en este sentido y se trabaja día a día en pos de mejorar las condiciones de seguridad en el Municipio.
En primer lugar, cabe destacar la creación del Consejo Local de Seguridad Ciudadana a partir de la aprobación de la Ordenanza Nº 2802/16.
También cabe destacar, a modo de ejemplo, las gestiones realizadas ante el Ministerio de Seguridad de la Nación a fin de contar en la ciudad con un Escuadrón de Gendarmería afectado a la seguridad urbana, sumado al ya existente afectado a la seguridad vial.
En el mismo sentido, las gestiones conjuntas con el Senador Departamental realizadas ante el Gobierno de la Provincia derivaron en mejoras considerables del equipamiento de las fuerzas de seguridad, como así también, permitieron el avance de las obras próximas a culminar entorno al sistema de video vigilancia de la ciudad, el cual se transformará en uno de los sistemas más sofisticados de la provincia.
El rol proactivo en materia de seguridad que ha tomado el gobierno de la ciudad consiste en trabajar, no solo en el aspecto preventivo de la seguridad junto a las fuerzas de seguridad de la provincia y de la nación afectadas a tales fines, sino también y de manera conjunta en el aspecto social de dicha problemática.
El marco legal vigente, basado en la Constitución Nacional, es el que fija las acciones posibles del gobierno municipal, provincial y nacional; de las fuerzas de seguridad que actúan en territorio argentino; y de los distintos estamentos del Poder Judicial.
Respetando el principio republicano de separación de poderes, creemos en el trabajo conjunto de los distintos poderes en pos de obtener resultados positivos al abordar la problemática de la inseguridad, no implicando ello interferir en las acciones propias de cada poder del estado. Consideramos que todas las personas son iguales ante la ley en cuanto a sus derechos y deberes. Por dicho motivo, ninguna de las personas que se encuentran en los programas de reinserción social del municipio cuenta con privilegios en caso de conflictos ante la ley.
Desde el gobierno municipal les solicitamos, que cada vez que alguien sea víctima de un delito se dirija a la Comisaría correspondiente a su barrio (o a la más cercana en caso de emergencia) y radique allí la correspondiente denuncia.
En dicha dependencia policial deberán tomarle la denuncia sin remitir razones para no hacerlo. Recuerde que es un derecho que lo asiste el poder realizar la correspondiente denuncia en dependencias policiales o en sede judicial dependiendo el caso.
Los programas de reinserción social que lleva adelante el municipio, y que han sido muy bien calificados por expertos en la materia a nivel provincial y nacional, son programas que tienen gran similitud con aquellos que promueven organismos internacionales como ONU (Organización de las Naciones Unidas) y que se destinan a la prevención del delito y la reinserción social en países en vías de desarrollo. (Ver UNODC – Social Reintegration 2013. ONU). Por otra parte, son muchas las ciudades que están trabajando en este sentido, siendo el caso de Medellín el más renombrado.
Dicha ciudad puso en marcha el Programa Fénix: Desarrollo integral y oportunidades para jóvenes en situación de riesgo social y conflicto.
En relación a lo expresado en el párrafo anterior, cabe dejar en claro que el encuadre de todos los programas y acciones llevadas a cabo por el municipio es la LEY. Todas las personas que participan de dichos programas se encuentran sujetas a la ley del mismo modo que toda persona en territorio argentino, y por ende, no poseen privilegio alguno ante la justicia.
